Diversas iniciativas son impulsadas para hacer de la agroindustria un sector productivo y competitivo, con significativos aportes para el país y la región.
Por: Malema De León | [email protected]
El sector agroindustrial es considerado “uno de los eslabones del sector productivo que más aporta a la economía nacional, generando polos de desarrollo y empleos a lo largo del país”, por lo que se han diseñado diversas estrategias para impulsarlo. En el ámbito público, por ejemplo, se promociona el avance de un plan que busca fomentar la agroindustria inclusiva y sostenible, con criterios de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad, “crucial para la recuperación económica sostenible, durante y luego de la pandemia por COVID-19”.
En el ámbito legislativo, a finales de octubre pasado, fue aprobada en tercer debate una iniciativa sobre el mayor valor agregado del Certificado de Fomento Productivo (CFP), de Asistencia Financiera y línea de préstamos, para ser utilizado en todo tipo de compra y de transacción comercial. La misma sustenta el proyecto 718, que modifica la Ley 105 del 21 de noviembre de 2013, que crea el Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial, dirigida al sector primario afectado por el COVID-19, como mecanismo de alivio financiero.
El proyecto tiene el propósito de mitigar las pérdidas ocasionadas a las personas naturales y jurídicas del sector agropecuario y agroindustrial, y se reconoce a las solicitudes de los CFP presentadas y recibidas en el Ministerio De Desarrollo Agropecuario (MIDA), correspondientes a las producciones realizadas en los años 2016, 2017 Y 2018, que se encuentran en trámite, los valores para los rubros de melón, sandía, piña y zapallo o calabaza.
El certificado podrá ser utilizado por su tenedor para realizar pagos de todo tipo, ya sea de préstamos bancarios y entidades financieras, sean estas públicas o privadas. Igualmente, en compras de insumos, bienes muebles e inmuebles y transacción comercial, con el sector público y privado, incluyendo endoso a terceros. Se dispone que el certificado es un documento emitido por el MIDA firmado por la Dirección General de Ingresos (DGI), para realizar los desembolsos por concepto de asistencia financiera directa y cumplir con los objetivos de fomentar la actividad agropecuaria y agroindustrial.
Agroindustria competitiva
En noviembre pasado, 100 micro, pequeñas y medianas empresas del país recibieron asesoría individualizada y asistencia técnica a, con el propósito de mejorar sus capacidades empresariales y de producción al adquirir conocimientos y asistencia en: innovación, inocuidad de alimentos, acceso a mercados, comercio electrónico, acceso a financiamiento, inteligencia comercial, entre otros, como parte del Programa Nacional de Competitividad Industrial (PNCI), ejecutado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Las empresas beneficiadas con este primer proyecto del PNCI, denominado “Agroindustria Competitiva”, corresponden a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Colón; y benefició a 1,256 colaboradores. La iniciativa incluyó un foro con el apoyo del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), donde más de 60 empresarias, dedicadas a actividades industriales y agroindustriales, recibieron información de interés para potenciar su desarrollo, a la vez que intercambiaron experiencias y casos de éxito.
Valor de las cadenas agroindustriales
El reconocimiento al valor productivo del sector agroindustrial a nivel nacional y regional también es reconocido en distintas esferas. Al respecto, el sector privado panameño ha diseñado espacios pertinentes para promover las actividades agroindustriales. Es el caso de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) que, en los últimos meses, ha intensificado su gestión en materia de agroindustria, con el propósito de propiciar acercamiento del productor y todos aquellos que intervienen en la cadena alimentaria del país, incluyendo en este proceso, giras de trabajo en diversas regiones del país.
El presidente de la CCIAP, Jose Ramón Icaza, ha reiterado la necesidad de desarrollar una “estrategia nacional para el Agro” para productos sensitivos, además de establecer un orden de prioridades visualizadas en cuatro pilares esenciales: productores, agroindustria, comercialización y autoridades. “En el caso de estas últimas, hay que fortalecer las entidades a cargo de la defensa de los productos nacionales”, indicó.
En materia industrial, la CCIAP ha destacado que urge definir una la política nacional para el desarrollo de la industria de transformación y valor agregado. “Es imperativo establecer una comisión de alto nivel (público – privada), para la elaboración de esta política de Estado”, añadió Icaza., al tiempo que manifestó que se debe incluir la promoción del desarrollo de parques industriales, agroindustriales, acompañados de una inversión en infraestructura logística y de la banca de fomento industrial, entre otros aspectos que eleven la competitividad y productividad del sector.
Durante un foro virtual reciente sobre cadenas de suministro de agroindustrias sostenibles en América Latina y el Caribe, líderes de empresas de agronegocios, operadores regionales, empresas de tecnología agrícola, funcionarios gubernamentales, productores locales y representantes de la sociedad civil compartieron las mejores prácticas sobre cómo integrar soluciones sostenibles entre grandes empresas y pequeños productores, y cómo ayudar a acceder a las cadenas de valor globales de manera sostenible.
James P. Scriven, gerente general de BID Invest, expresó en la apertura de este foro, que el crecimiento sostenible del sector agronegocios es clave para la recuperación, verde e inclusiva, de América Latina y el Caribe, que es “el mayor exportador de alimentos del mundo y ocupa un lugar central en el suministro mundial de alimentos. La agricultura y las cadenas de suministro emplean al 24% de la fuerza laboral de la región”.
No obstante, además se dieron a conocer las últimas tendencias concernientes al ecosistema de alimentos y agronegocios, incluidas oportunidades para la integración regional, temas candentes como trazabilidad, economía circular y descarbonización, soluciones digitales para pequeños agricultores, cambio climático y cambios traídos por la pandemia. “La industria consume casi las tres cuartas partes de los recursos de agua dulce de la región y genera casi la mitad de sus emisiones de gases de efecto invernadero”, se dijo durante esta actividad, entre otros retos a encarar.
