Panamá promueve una posición regional unificada para exigir mayor coherencia y financiamiento climático.
Por: Malema De León | [email protected]
“Es urgente reformar el sistema multilateral para que los fondos internacionales lleguen más rápido a las comunidades que enfrentan los impactos de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Con este mensaje, Panamá inició su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), celebrada en noviembre pasado en Belém, Brasil.
Y es que, el Estado panameño impulsa una “Diplomacia Ambiental” enfocada en simplificar el acceso a financiamiento internacional, eliminar duplicidades en los requisitos de reporte de los mecanismos multilaterales y asegurar que los recursos se inviertan directamente en los territorios y comunidades que viven la crisis. Según las autoridades, esta reforma es urgente, toda vez que “el sistema actual se ha vuelto excesivamente burocrático, desconectado de la urgencia que enfrentan las comunidades”.
Como se dio a conocer en el COP30, para lograrlo tal objetivo, Panamá propone la creación de un marco único de solicitud y reporte para los fondos climáticos multilaterales, reemplazando los procedimientos fragmentados que hoy obligan a los países a presentar múltiples aplicaciones con requisitos diferentes.
Con esta propuesta, los países podrían tramitar una sola solicitud compatible con el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global (GEF), acelerando la aprobación de proyectos y evitando retrasos que pueden tomar hasta diez años.
La delegación panameña en este cónclave, conformada por técnicos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), representantes de comunidades indígenas, sociedad civil, academia, organizaciones ambientales y sector privado, insistió en que “la región debe hablar con una sola voz para transformar la arquitectura financiera internacional, acelerar el acceso a fondos, mejorar la respuesta ante pérdidas y daños, e integrar la igualdad de género como eje central de la acción climática.
Otras acciones
En agosto pasado, el país estuvo representado en el XIII Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe, realizado en Antigua, Guatemala.
Este evento regional reunió a representantes de quince países, junto a equipos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), entre otros socios estratégicos. Allí se abordaron temas clave como la mejora en la calidad de la preinversión, la incorporación de tecnologías en la gestión de proyectos, la inversión pública con enfoque climático, la transparencia y el gobierno abierto.
Por Panamá, el coordinador de Planes y Proyectos de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Roberto Vernaza, presentó los avances que el país ha logrado en la transversalización del cambio climático dentro del proceso de inversión pública, destacando las iniciativas orientadas a desarrollar infraestructuras resilientes al clima, sostenibles ambientalmente y responsables en términos sociales y fiscales.
En los últimos años, la DPI ha fortalecido una alianza estratégica con el MiAmbiente, lo que ha permitido capacitar a las unidades de planificación del Sector Público No Financiero (SPNF) en el uso de herramientas metodológicas para la planificación y etiquetado de proyectos con impacto climático. Asimismo, se ha incorporado una metodología para el cálculo del precio social del carbono en los proyectos de inversión pública.
En la actualidad, según reporte del MEF, cerca del 20% de los proyectos incluidos en el presupuesto de inversiones del SPNF contempla criterios de adaptación y/o mitigación frente al cambio climático.
