Se plantea mejora sustantiva en el bienestar y la productividad socioeconómica de los países de la región.

Una propuesta centroamericana para cumplir con los ODS

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La propuesta contempla metas, costos, financiamiento y recomendaciones para una gestión y evaluación efectiva de la política fiscal en los países de la región, incluyendo Panamá.

Por: Malema De León | [email protected]

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó al cierre del 2021, el volumen 3 de su III Informe de Política Fiscal Centroamericana, “Agenda Fiscal Centroamericana 2030 (AFCA2030)”, que incluye una hoja de ruta para encaminar a Centroamérica hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y, en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En esta propuesta se invita a la sociedad centroamericana a buscar nuevos acuerdos políticos, económicos y fiscales, basados en el diálogo informado, amplio y sensato en favor de la democracia y el desarrollo. Además, se plantean estrategias para erradicar la pobreza extrema; universalizar los servicios públicos de salud y educación, así como los servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento; la transformación de la matriz de generación eléctrica, el fortalecimiento de la red vial, y recomendaciones para un Estado efectivo para el desarrollo, que incluye la protección ambiental, el reconocimiento de igualdad de género y la transformación estatal hacia un modelo emprendedor.

Inicialmente y aun cuando se reconoce que el problema de la pobreza es multidimensional y que parte de su mitigación se encuentra en la promoción de tasas de crecimiento económico acelerado, se considera que, en el corto y mediano plazo, los únicos mecanismos posibles para erradicar la miseria son el otorgamiento de una renta básica universal (RBU) o una renta básica para atender a quienes viven en condiciones de pobreza extrema. 

Según se detalla, “lamentablemente, el costo de la implementación de la RBU es muy alto para algunos países de la región, por lo que resulta viable, inicialmente, la implementación de una transferencia que se entregue únicamente a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema por el equivalente diario de USD1.90 PPA (2011). El costo al 2030, de la implementación de la estrategia, es de 0.14% del PIB para Costa Rica; 0.32% para El Salvador; 1.32% para Guatemala; 3.56% para Honduras; 0.65% para Nicaragua y 0.14% del PIB para Panamá”.

Universalización de servicios e inversión

Para efectos del cálculo del costo necesario de la universalización del servicio público de educación, Icefi utilizó en su propuesta el modelo EPSSim de la Unesco, que permitió identificar que se necesita al 2030 aumentar el gasto en educación en 0.5% del PIB para Costa Rica, 1.4% para El Salvador, 2.0% para Guatemala, 0.9% para Honduras, 1.6% del PIB para Nicaragua y 0.5% para Panamá

En cuanto a la cobertura universal de salud, a partir de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que los países deben adicionar al 2030, 0.5% del PIB para Costa Rica, 1.5% para El Salvador, 3.9% para Guatemala, 3.2% para Honduras, 0.9% para Nicaragua, y 1.4% para Panamá.

En inversión en infraestructura social, indispensable al 2030 para que los centroamericanos alcancen cobertura universal en servicios básicos de agua y de saneamiento, ambos vinculados con la mejora en las condiciones de vida y especialmente de la salud, se eleva hasta 0.82% del PIB para Costa Rica, 0.72% para El Salvador; 3.38% para Guatemala; 0.69% para Honduras; 1.35% para Nicaragua y 0.77% del PIB para Panamá.

En materia de inversión económica, que incluye cambio de matriz energética hacia la generación energética con recursos renovables y consecuentemente a avanzar hacia la universalización del servicio de electricidad para todos los centroamericanos, a costos apropiados;  el fortalecimiento del gasto en infraestructura vial para fortalecer la movilidad del comercio y el acceso de los pobladores a los mercados, así como del aumento de los gastos en materia de investigación, desarrollo e innovación para avanzar en la construcción de un Estado emprendedor que regule el funcionamiento de los mercados y contribuya a potenciar la productividad y la competitividad de los países, se necesita llegar en 2030 a ejecutar una inversión de 1.69% del PIB en Costa Rica, 1.22% para El Salvador, 1.36% para Guatemala, 1.71% para Honduras, 2.76% para Nicaragua, y 2.19% para Panamá.

El costo total de las acciones de gasto involucradas en la AFCA 2030 se eleva hasta US$143,388.7 millones, que deberán ser erogados durante el período 2022-2030, siendo Guatemala el que debe realizar el mayor esfuerzo con US$71,573.2 millones (11.96% del PIB); US$22,983.5 millones (5.00% del PIB) para Panamá; US$19,010.5 millones (10.06% del PIB) para Honduras; US$8,527.8 millones (5.16% del PIB para El Salvador); US$5,376.1 millones (7.26% del PIB) para Nicaragua, y US$15,917.6 millones (3.65% del PIB) para Costa Rica.

Gestión fiscal

La agenda incluye también medidas para mejorar la gestión fiscal en general; para fortalecer el combate a la impunidad; para mejorar el acceso a la información pública, para promover la sostenibilidad ambiental, y para reconocer y fortalecer la igualdad de género como pilares todos en la búsqueda del desarrollo. En particular, para financiar las acciones de gasto sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, la AFCA 2030 contempla la movilización de recursos por medio de la utilización de espacios fiscales que involucran el aumento de los ingresos públicos, la reducción de los gastos no esenciales, el aumento de eficiencia de los gastos que realizan los Estados y la renegociación de la deuda hacia fuentes más baratas.

De esa manera, en el campo de los ingresos públicos se promueve una mayor eficiencia recaudatoria como consecuencia tanto de la reducción de las filtraciones tributarias derivadas del combate a la evasión tributaria, la eliminación de escudos fiscales innecesarios, la erradicación de los gastos tributarios no productivos y el combate a los flujos ilícitos de capital; por la homologación de tasas derivadas del proceso de integración regional; y la posible adopción de decisiones de política.

Como consecuencia de la optimización de los espacios fiscales en materia de ingresos, se espera para 2030, una elevación media del 10.1% del PIB en Centroamérica, destacando el aumento del 17.3% en Panamá, 10.7% para Guatemala, 10.4% para Nicaragua, 8.9% para Costa Rica, 7.3% para Honduras y 6.1% para El Salvador.

Se estima que, como producto de la mejora en la utilización del gasto disponible actualmente, los países pueden ahorrar hasta el 4.7% del PIB en Costa Rica, 6.5% para El Salvador, 2.7% para Guatemala, 4.6% para Honduras, 5.0% para Nicaragua y 3.8% del PIB para Panamá.  Este ahorro sería resultado del combate a la corrupción y de la mejora en los procesos de compras y en las contrataciones públicas.

Finalmente, algunos Estados pueden obtener ahorros por mejorar la administración de la deuda, al realizar un rollover de ciertos segmentos de las obligaciones públicas, en la búsqueda de mejores plazos y tasas más bajas de interés; este ahorro puede alcanzar hasta 0.73% del PIB para Costa Rica, 0.41% para Guatemala, y 1.21% para Honduras. 

El total de espacios disponibles potenciales que pueden ser utilizados para financiar el aumento del gasto, alcanza 21.1% del PIB para Panamá, 15.4% para Nicaragua, 14.3% para Costa Rica, 13.8% para Guatemala, 13.1% para Honduras, y 12.6% para El Salvador.

Según este informe de Icefi, si los países implementaran la totalidad de la AFCA 2030, no solo lograrían aumentar el bienestar de la población, sino mejorarían su posición de sostenibilidad de la deuda, pues todos disminuirían sus volúmenes de obligaciones hacia 2030, siendo el impacto más grande en Panamá en donde el saldo de la deuda podría llegar a ser de 2.7% del PIB, mientras que la de Costa Rica se ubicaría en torno al 25.3% del PIB, Nicaragua en 24.6% del PIB y Guatemala en 31.8% del PIB.  

La implementación de la AFCA 2030 también produciría una elevación el PIB, en el nivel de empleo y en el bienestar de la población al eliminar definitivamente la pobreza extrema y reducir de forma significativa la pobreza; disminuir el grado de informalidad económica y la mala distribución de la riqueza.

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