A partir de este año entró en vigor la Ley que establece la política agroalimentaria a nivel de Estado.
Por: Malema De León | [email protected]
La Ley No. 352 de miércoles 18 de enero de 2023 establece la Política Agroalimentaria de Estado, y dicta otras disposiciones. Publicada en Gaceta Oficial No. 29704-A del 19 de enero de 2023, esta norma legal determina “los lineamientos para el desarrollo del sector agrícola y pecuario, con equidad y sostenibilidad, lo que asegura la aplicación de agrotecnología, productividad, competitividad, soberanía alimentaria y seguridad jurídica con un enfoque inclusivo, territorial y sostenible, orientada a la generación de empleos y promoción de la economía rural, la cual integra acciones intersectoriales, que permiten producir alimentos en cantidad y calidad accesibles en toda la cadena de valor y al consumidor”, de acuerdo con el Artículo 1 de su Título Preliminar.
En tanto en el Artículo 2 de esta nueva ley, “se declara prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población y la seguridad y soberanía alimentaria nacional; y en su artículo 3 se establecen los pilares para el desarrollo del sector agropecuario y rural, además de determinarse las áreas estratégicas y los lineamientos de la Política Agroalimentaria del Estado para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario.
Cuatro bloques estructurales por impulsar
Ley de Política Agroalimentaria de Estado impulsa cuatro bloques de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá:
- Reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de Valor;
- Reforma de Educación Agroalimentaria Integral;
- Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de Gestión: y,
- Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales.
Según las autoridades panameñas, se trata de la primera ley de Política Agroalimentaria de Estado en Panamá y en el continente americano. En el ámbito regional, la iniciativa ha recibido respaldo y reconocimiento. Es el caso, por ejemplo, de CAF -banco de desarrollo de América Latina- que apoyó, a través de una asistencia técnica no reembolsable por el orden de los US$119,000, la construcción de las políticas de Estado para el desarrollo del sector agropecuario de Panamá con perspectivas al 2040.
“Participar en la construcción de la Política Agropecuaria de un país con tanto potencial como éste es un honor para CAF, pues es una forma de aportar a mejorar la competitividad y el desarrollo a través de un sector que genera empleo e inclusión y que impacta directamente en la mejora de las condiciones de vida de la población rural e indígena del país, así como en todos los encadenamientos de los agronegocios”, afirmó Lucía Meza, representante de este organismo multilateral, sobre este esfuerzo que contó, además, con la participación de cientos de agricultores y otros actores de los sectores públicos y privados, así como de los centros regionales de competitividad.
El aporte de CAF permitió la realización de talleres regionales con actores de la base productiva, además de la cooperación internacional y la contratación de expertos que aportaron a los diagnósticos, la alineación con la política nacional de largo plazo, así como al diseño del dispositivo legal para materializar esta Ley.
De acuerdo con el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, este organismo hemisférico tuvo una relevante participación en el proceso de discusión y elaboración de la norma. Explicó que la ley da previsibilidad al sector agropecuario de Panamá, y fue redactada sobre la premisa de que no existe soberanía alimentaria sin agricultores “que estén arraigados en las zonas rurales y puedan allí proyectar sus vidas y las de sus familias”.
Informes del IICA indican que esta ley es fruto de un proceso de discusión de más de dos años con el sector público y privado de Panamá, en el que prestó asistencia técnica; y que el Instituto participará también en el diseño de la implementación de las políticas.
IICA también informó que se prevé un portafolio de proyectos de inversión por más US$1,200 millones en los próximos diez años, con el foco puesto en la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social de Panamá.
