Por. Malema De León | [email protected]
Presente en muchos países, la inseguridad alimentaria surge y crece por conflictos económicos, sociales, políticos y ambientales, entre otros. Revisar tales escenarios es clave para establecer acciones estratégicas que reduzcan su impacto en el derecho a la alimentación sana y sostenible de todos.
La seguridad alimentaria, que “existe cuando las personas tienen acceso social, físico y económico a suficientes alimentos en todo momento”, es vulnerada por circunstancias varias, entre éstas la escasez de los recursos hídricos, la degradación de los suelos y los conflictos humanos, incluyendo situaciones de salubridad como la pandemia COVID-19. Es parte de los señalamientos que la Fundación Acción contra el Hambre plasma a través de sus plataformas al analizar las consecuencias y causas de la desnutrición en decenas de países, y la visión de otros organismos mundiales sobre esta temática.
Acción contra el Hambre, por ejemplo, ha hecho eco de lo señalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), “se está lejos de lograr el objetivo del hambre cero para 2030”, y que “la seguridad alimentaria de la población más vulnerable está en serio riesgo de deteriorarse aún más”.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por siglas en inglés), al explicar el significado de seguridad alimentaria, insta a que todas las personas puedan acceder, en todo momento, a alimentos suficientes, inocuos y culturalmente aceptables para una vida sana y activa en la comunidad. “Todos somos responsables de realizar acciones para que se cumpla nuestro Derecho a la alimentación”, acota este organismo especializado.
De hecho, la alimentación se encuentra entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La finalidad del ODS 2 es «Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible«.
Las Naciones Unidas indicó, en reporte del Programa Mundial de Alimentos, al año 2020, existían 135 millones de personas que padecían hambre severa, debido a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas, principalmente. Con la pandemia de COVID-19 la cifra pudo variar a130 millones más. De ahí que esta organización proponga, para lograr el hambre cero en 2030 de modo imprescindible, “una acción coordinada urgente y unas soluciones políticas que aborden las desigualdades arraigadas, transformen los sistemas alimentarios, inviertan en prácticas agrícolas sostenibles y reduzcan y mitiguen el impacto de los conflictos y de la pandemia en la nutrición y en la seguridad alimentaria mundiales”.
Pilares básicos de la seguridad alimentaria
De acuerdo con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP- del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) los pilares básicos de la seguridad alimentaria y nutricional son:
- Disponibilidad
- Accesibilidad
- Aceptabilidad
- Consumo
- Utilización biológica de los alimentos.
“Los alimentos, de adecuada calidad, deberían estar disponibles en cantidades suficientes para 100 por ciento de la población”, según este ente regional, añadiendo que, considerando la íntima relación de dependencia existente entre los eslabones de esta cadena agroalimentaria nutricional, desde la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y consumo hasta la utilización biológica de los alimentos puede concluirse “que son todos necesarios, pero aisladamente no suficientes, para garantizar la adecuación nutricional de individuos y poblaciones”.
Además, “se requiere la integración de las acciones promovidas en cada uno de estos pilares para lograr de manera sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en países en desarrollo, además del aseguramiento de condiciones ambientales adecuadas”, acotó este instituto centroamericano.
Según reportes, este instituto junto con la FAO y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), contribuyen al proceso de construcción del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2023-2028 para Panamá. En esta labor se analiza el plan anterior de 2017-2021, así como propósitos, objetivos, estrategias y poblaciones objetivo.
Panamá es uno de los países que han ratificado la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye 17 ODS, entre ellos alcanzar la erradicación el hambre antes del año 2030. Este plan aporta a la consecución de éste y otros compromisos internacionales del país, como el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025.
Alimentos, derecho y economía
Los conflictos o las circunstancias ambientales, humanas, políticas, económicas y de otra índole que impacten o amenacen la seguridad alimentaria, de manera reciente, cobraron relevancia en Panamá este año, ante una situación crítica nacional a causa de la paralización y los cierres de las principales vías del país, así como de protestas ciudadanas masivas contra la actividad minera, y su normativa existente, en específico, la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que aprobaba el contrato de concesión minera de la compañía Cobre Panamá.
La industria alimentaria juega un papel importante en la economía frente a los desafíos del entorno, tanto comerciales, de exportación y mercado, de allí que el caso minero evidenciara esto aún más. Y es que, el sector alimentos va de la mano del agro, que facilita la materia prima para elaborar productos con valor agregado, según el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), que ha instado de modo permanente al diálogo productivo, a la actualización y a la sensibilización para encarar los aspectos críticos de esta actividad, así como impulsar las oportunidades para mejorar la calidad, las regulaciones y la seguridad de los productos locales.
Esa visión adquirió mayor relevancia entre los meses de octubre y noviembre del año en curso frente a la vulnerabilidad en la distribución y producción de los alimentos, sobre todo los perecederos, en el territorio nacional a causa del conflicto minero, y los cierres en protesta que ello generó por más de 30 días consecutivos, y con el consecuente estado de desabastecimiento, escasez y especulación en los precios en diversos mercados.
Al respecto, gremios y asociaciones empresariales, logísticas y comerciales manifestaron su preocupación, como fue el caso de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) que, debido a la paralización, solicitó a las autoridades el derecho de libre circulación en todas las vías del país, “para llevar el alimento a los diferentes mercados del país, acción que viene siendo afectada por los cierres de calle”.
En un comunicado el pasado 21 de noviembre, la presidenta de la ACPTA, Maru Gálvez, explicó la situación de los campos “llenos de productos altamente perecederos sin cosechar, los cuales, no esperan más y la capacidad de almacenamiento en estos momentos es limitada, incluyendo los centros poscosecha, que ya no cuentan con la capacidad y los insumos básicos para operar”.
Las afectaciones fueron millonarias, y aún incalculables, dentro del sector agropecuario, de acuerdo Sebastián Peña, representante de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, al referirse a la paralización y la imposibilidad de movilizar la producción de alimentos a nivel nacional.
Otros entes privados como también exteriorizaron su preocupación por la falta de movilidad ciudadana y cierres permanentes de las calles.
“Tenemos el derecho de acceder, de manera permanente, a los alimentos y a los servicios que requerimos, en cantidad y calidad para un adecuado consumo dentro de los mercados. Es parte del derecho humano, y lo debemos priorizar ante cualquier situación o adversidad”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Adolfo Fábrega, en momentos álgidos de las protestas y cierres de calles que finalizaron el pasado 28de noviembre tras fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023.
A juicio de Fábrega, “la presentación de propuestas e iniciativas, así como el diálogo y la participación oportunos, deben ser siempre mecanismos que garanticen esa seguridad alimentaria para todos, y que jamás debe ser vulnerada”.
Los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y del SIP, Rubén Castillo, y Raúl Montenegro, respectivamente, también se refirieron a las afectaciones en el sector productivo como “daños desbastadores que afectan a todo el país”. Al respecto, Montenegro expresó que “la industria nacional quiere mantener la seguridad alimentaria, quiere mantener que los alimentos y la materia prima este llegando a la población”.
Hace unos meses, en un foro organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se destacó la importancia de mantener los estándares y el buen desempeño de Panamá en cuanto a la adopción de normativa que garantice la inocuidad de los alimentos. Estos atributos permitieron la escogencia del país como próxima sede de la decimoséptima Reunión Comité del Codex Alimentarius 2024 sobre Contaminante de los Alimentos, que congregará a representantes de todas las regiones del mundo.
Alimentos en cifras y acciones globales conjuntas
De acuerdo con reporte actualizado a noviembre de 2023 sobre la seguridad alimentaria del Banco Mundial (BM), muchos países experimentan una inflación de dos dígitos. Se agrega en el documento que el 67,3 % de los países de ingreso alto registra tasas elevadas de inflación de los precios de los alimentos. Los países más afectados se encuentran en África, América del Norte, América Latina, Asia meridional, Europa, y Asia central. “En términos reales, la inflación de los precios de los alimentos superó la inflación general en el 76 % de un conjunto de 166 países”, según este informe.
También hace referencia a la tercera declaración conjunta de las máximas autoridades de la FAO, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), publicada el 8 de febrero de 2023, en la que se insta a evitar que empeore la crisis de seguridad alimentaria y nutricional y se exigen nuevas medidas urgentes para:
- Atender los focos de hambre.
- Facilitar el comercio, mejorar el funcionamiento de los mercados y reforzar el papel del sector privado,
- Reformar y reorientar los subsidios perjudiciales con eficiencia y una cuidadosa focalización.
“Mientras responden a la crisis, los países deben buscar un equilibrio entre las intervenciones urgentes a corto plazo y los esfuerzos de resiliencia a largo plazo”, señala la declaratoria referida.
