Fortalecer las instituciones fiscales es clave para gestionar la deuda y promover una transición hacia niveles prudentes de endeudamiento, sostiene el BID en estudio reciente en el que presenta recomendaciones para el crecimiento económico.
Por: Malema De León | [email protected]
Los países de América Latina y el Caribe deben priorizar la reducción de la deuda a niveles prudentes para impulsar el crecimiento económico, favorecer la inversión productiva y reducir el riesgo de una crisis de endeudamiento, señaló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su estudio “Lidiar con la deuda, menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe“.
El documento revela que la deuda total de la región aumentó hasta US$5,8 billones, o el 117% del PIB, desde menos de US$3 billones en 2008. En tanto, la deuda pública creció del 58% en 2019 al 72% en 2020 debido a paquetes fiscales relacionados con el COVID, menores ingresos y la recesión.
El estudio puntualiza en varios aspectos, entre estos:
- Los altos niveles de deuda pueden obstaculizar el desarrollo, porque impulsan a los inversores a exigir mayores rendimientos, desplazando las inversiones privadas y obligando a los gobiernos a desviar recursos escasos para pagar intereses, en lugar de invertir en infraestructura y servicios públicos.
- Los altos niveles de endeudamiento también reducen la capacidad de los países de responder a futuros shocks económicos para apoyar a los hogares y las empresas, y aumentan el riesgo de una crisis.
- La pandemia, la invasión rusa a Ucrania, la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y el bajo crecimiento mundial, combinados con una deuda elevada, aumentan la vulnerabilidad de la región.
Ante este panorama, el BID sostiene que los gobiernos deberían reducir su porcentaje de deuda pública, de un promedio de 70% a un rango de 46%-55% del PIB, nivel que el estudio considera prudente, siempre tomando en cuenta que el rango variará en cada país dependiendo de sus características específicas. Los países dependientes de los ingresos volátiles de los productos primarios deberían reducir aún más sus niveles de deuda.
“Una deuda bien administrada y sostenible puede ayudar a liberar el abundante potencial de crecimiento de América Latina y el Caribe”, dijo Eric Parrado, economista jefe del BID. “Nuestro nuevo informe …ofrece a los gobiernos de los países de la región recomendaciones integrales de políticas para fortalecer las instituciones macro fiscales, reducir la deuda pública y garantizar un entorno de financiamiento favorable para las empresas”.
En cuanto a la deuda, el estudio destaca que la mejor manera de reducirla es a través de un mayor crecimiento combinado con gasto público eficiente e ingresos públicos adecuados, y recaudados de una forma que no sacrifique el crecimiento.
Se explica en el documento que “las instituciones fiscales más sólidas pueden alentar a los gobiernos a dejar de gastar en exceso en los buenos tiempos, crear un colchón para hacer frente a los malos tiempos, y ayudar a los países a proporcionar una orientación fiscal creíble para reducir los niveles de deuda pública. Las reglas fiscales ayudan a los gobiernos a establecer metas numéricas para los agregados presupuestarios y macroeconómicos de manera transparente, de modo que puedan responder por dichos resultados”. El estudio muestra que los países de América Latina y el Caribe cumplieron con solo el 57% de los objetivos especificados en las reglas debido al deficiente diseño de dichas reglas.
En general, indica el informe, los países, especialmente aquellos con altos niveles de gasto e impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), deberían enfocarse en mejorar la eficiencia, tanto de la recaudación de ingresos, como de sus gastos. La calidad de la inversión pública puede ser mejorada en todas las etapas del ciclo del proyecto, las transferencias de pagos deberían ser dirigidas a quienes realmente las necesitan, y se debería mejorar el monitoreo de los impuestos. En los países cuyos ingresos y el gasto son un porcentaje menor del ingreso nacional, “ampliar la base impositiva y aumentar los ingresos del sector público permitirían una mayor inversión pública con impacto positivo en el crecimiento”.
Otras oportunidades incluyen reformas para disminuir la informalidad laboral, como la reducción de los incentivos fiscales para que las empresas contraten mano de obra informal y el cambio del financiamiento de los beneficios de los impuestos laborales a una tributación más general.
En Panamá, los Ingresos Corrientes en efectivo del Gobierno Central, al cierre acumulado del 2022, alcanzaron la suma de US$9,092.40 millones, aumentando en un 21.1% en comparación con los US$7,508.11 millones realizados al cierre del año 2021, reveló un informe “Avance de la Recaudación de Ingresos Corrientes y Tributarios con documentos fiscales a diciembre 2019-2022” emitido por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con el análisis de la DGI, los Ingresos Corrientes al año 2022 han aumentado significativamente si se comparan con los años previos que fueron principalmente afectados por la pandemia del coronavirus (2021 y 2020), alcanzando niveles previos a dicha situación global, superando los recaudos del año 2019, que “permiten continuar avanzando en la senda de cumplimiento de los objetivos de consolidación de las Finanzas Públicas, según establece el marco fiscal determinado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”; y “promueven la generación de ahorro corriente que permita financiar principalmente proyectos de inversión pública, sin dejar de lado la responsable asignación eficiente de recursos presupuestarios”.
Deuda privada
Del estudio del BID se desprende que la deuda privada también aumentó antes y durante la pandemia. En general, los sectores bancarios nacionales de la región han crecido, y una cuarta parte de los países tienen un crédito interno de al menos el 100% del PIB. Sin embargo, para otra cuarta parte de ellos el crédito es inferior al 50% del PIB. “El acceso sigue siendo escaso, especialmente para los hogares, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas dirigidas por mujeres”.
Las estimaciones apuntan a una brecha de US$1,8 billones entre la demanda y la oferta de fondos disponibles para las pymes de la región. Pese a la disponibilidad de muchos programas para mantener abierto el crédito a las empresas durante la pandemia, el acceso siguió siendo un factor importante para que pudieran sobrevivir a la crisis sanitaria, según el documento, el cual también recomienda que “los gobiernos diseñen intervenciones dirigidas con precisión a aquellas empresas promisorias que necesitan apoyo, pero que les ofrezcan un conjunto más amplio de instrumentos, incluido el capital o el cuasi-capital, para no aumentar la carga de la deuda”.
