El tema fue analizado por CCIAP, Iniciativa Global y Coaliciones por la Resiliencia con miras al combate, control y prevención del delito.
Por: Lorena Espinosa Sánchez | [email protected]
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a través de su Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC), con el apoyo de Iniciativa Global (Global Initiative) y Coaliciones por la Resiliencia, desarrollaron el webinar “la Extorsión en Centroamérica y lecciones para Panamá hacia el combate, control y prevención de este delito”.
Esta presentación se efectuó con el fin de proveer un espacio de intercambio, reflexión, conocimiento y debate desde un enfoque multidisciplinario sobre el delito de extorsión en Centroamérica. Asimismo, se abrió un espacio de análisis en cuanto a las experiencias que ha tenido esta región hacia el combate, control y prevención de este delito, ejercicio éste que servirá de aprendizaje tanto para el gobierno como para el sector privado.
De acuerdo con registros del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, en los últimos seis años, en Panamá se ha registrado aumentos considerables en cuanto al delito de extorsión. Las denuncias de este tipo aumentaron en 360%, si se compara con los registros del 2015 contra el 2020 (95 versus 437).
Por región del país existe mayor incidencia delictiva de este delito en las provincias en donde se concentra en mayores proporciones el Producto Interno Bruto (PIB) del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón. La provincia de Panamá, donde se genera mayor actividad económica, concentra el 49% de las denuncias registradas por el delito de extorsión en el 2020, según cifras preliminares del Ministerio Público. Le siguen las provincias de Panamá Oeste con el 19%. Chiriquí concentra el 12% y Colón el 8% del total de denuncias registradas.
Sobre el tema, el entonces presidente de la CCIAP, Jean-Pierre Leignadier, señaló que prevenir este tipo de delito no es tarea fácil, por lo que se requiere implementar mecanismos de reportes preventivos para ciudadanos y negocios que permitan el monitoreo de la extorsión en sus distintas modalidades delictivas.
“A través de este segundo webinar organizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana se abre un espacio de intercambio, para que los tomadores de decisiones puedan analizar con mayor profundidad las diversas alternativas de evaluar acciones y políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en el país”, manifestó Leignadier durante esta actividad celebrada en abril pasado.
La iniciativa es una contribución que refuerza el objetivo de promover un país más seguro y la promoción de una cultura de convivencia pacífica, a través de un trabajo conjunto entre las instituciones de Gobierno y todos los sectores de la sociedad, añadió.
Guillermo Vásquez del Mercado A., especialista senior en análisis e implementación de políticas públicas de seguridad y miembro de la Red de Expertos contra la Extorsión, Global Initiative, fue el encargado de presentar el tema del evento.
El experto mexicano se refirió a un reporte de Extorsión de Iniciativa Global y de Insight Crime, denominado “Una Cultura Criminal, Extorsión en Centroamérica”, al señalar que, a diferencia de Panamá, en algunos países de la región la extorsión es tan común que es ya una característica socioeconómica en la vida diaria de los ciudadanos, de las empresas y del propio tejido institucional del Estado.
En cuanto a las víctimas de extorsión, en Centroamérica abarcan todos los estratos sociales y económicos, desde habitantes de barrios pobres o dueños de negocios informales, hasta grandes compañías internacionales. Y los pagos no se realizan solo con dinero en efectivo, también con alimentos, bienes, servicios, e incluso pagos sexuales son aceptados como ‘moneda de cambio’.
En Honduras, Guatemala y El Salvador, el aumento de la extorsión se ha definido a través del crecimiento de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, pandillas conocidas localmente como maras. Con lujo de violencia, estos grupos han hecho de la extorsión su principal fuente de ingresos, creando esencialmente su propia economía criminal al imponer impuestos a las vidas y medios de sustento de la gente común. Al tratarse de un crimen encubierto, basado principalmente en amenazas de violencia, miedo y con muy bajas tasas de denuncia, la extorsión es difícil de medir.
Según el reporte, en Panamá y Costa Rica se vive una dinámica diferente. También están presentes las pandillas y la amenaza de extorsión que representan; sin embargo, éstas no dependen en gran medida de esta actividad, sino de las ganancias generadas por el tráfico de drogas.
Al analizar las debilidades que tiene Panamá al enfrentar este delito, se indicó que las personas, en su mayoría, no denuncian este delito por miedo, generalmente; las fiscalías no cuentan con suficiente equipo tecnológico y personal para enfrentar este delito que ha mutado a través del tiempo; no hay sensibilización interinstitucional (público-privada) en el tema; no hay suficientes registros administrativos y judiciales que estén desagregados por sexo, edad y lugar de ocurrencia, específicamente por barrios o corregimientos tanto de la víctima como del victimario y no existe información digital forense que permita medir la ocurrencia de este tipo de delito a través de medios tecnológicos o redes sociales.
Vásquez del Mercado, tras su presentación, dio estas recomendaciones contra el delito:
- Intervención temprana para prevenir crecimiento del fenómeno en Costa Rica y Panamá.
- Aportar mayores recursos a respuestas tecnológicas que afectan motivaciones socioeconómicas de las pandillas para extorsionar.
- Compartir respuestas regionales con resultados positivos al fenómeno para realizar transferencias y réplicas de prácticas.
- Combate a todos los casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos en casos de extorsión.
- Incentivar liderazgos locales y articularlos con organizaciones comunitarias de base para realizar prevención de reclutamiento y generar salidas atractivas para pandilleros.
- Fomentar asociaciones público-privadas para enfrentar este delito.
- Uso de tecnología para incentivar denuncia y desalentar uso de efectivo.
