Se establece un marco normativo moderno que incentiva el desarrollo y la operación de la movilidad eléctrica en Panamá, en armonía con el medio ambiente.
Por: Malema De León | [email protected]
A partir del próximo año empieza a regir en Panamá la Ley No. 295 de 25 de abril de 2022, cuyos fines son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la movilidad eléctrica en el país y el uso de energías renovables como herramienta en la transición energética en el transporte terrestre.
Lanueva ley promueve la transición del transporte de combustión interna a eléctricocon medidas e incentivos en los sectores público, privado y académico, y, según las autoridades, está alineada con la estrategia energética de migrar hacia fuentes de energía menos contaminantes, “política que hoy cobra mayor importancia con el alza de los precios de hidrocarburos sujeto a factores geopolíticos, factores externos”. La idea, se dijo, es lograr un país más limpio, moderno y en armonía con el medio ambiente.
Se establece que las instituciones públicas del Gobierno Nacional, autónomas y semiautónomas deben reemplazar de manera progresiva su flota de vehículos que utilizan combustible, por autos eléctricos, de la siguiente manera: A partir del año 2025, un 10% de vehículos de entidades públicas y del transporte colectivo y selectivo, deben ser eléctricos; en 2027 ese porcentaje aumenta a 25%, y en 2030 será de 40% de autos eléctricos.
En el caso del transporte masivo, certificados de transporte público colectivo y selectivo, se establece un mínimo de 10% de la flota de autos que deben ser eléctricos en el año 2025; para el año 2027 aumenta el porcentaje al 20% y en el 2030 un 33%.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) hará la revisión anual para que los operadores del transporte cumplan con el reemplazo de los vehículos de combustión interna a eléctricos. El incumplimiento provocará la cancelación del certificado de operación.
Las unidades eléctricas de transporte portarán una placa de color verde. La Secretaría Nacional de Energía y los municipios gestionarán todo lo referente a las estaciones de carga eléctrica. Sumado a ello, los municipios gestionarán la exoneración del pago de placa de circulación vehicular por un periodo de cinco años, contados desde la fecha de compra de autos eléctricos nuevos, y a partir de la fecha de promulgación de la Ley para carros eléctricos adquiridos con anterioridad.
Desde el sector privado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) respaldó esta propuesta desde sus inicios y califica positivamente el que haya sido aprobada como ley de la República, puesto que “brinda el marco regulatorio para que el país avance hacia nuevas tecnologías que nos permitan alejarnos de la dependencia en combustibles fósiles”.
Cabe recordar que el proyecto de ley sobre movilidad eléctrica fue presentado hace dos años por el Diputado Edison Broce, quien manifestó que el mismo fue “robustecido por un trabajo en equipo con actores claves” de la sociedad. “Tendrá un impacto económico impresionante en términos de inversiones y generación de empleos”, auguró Broce.
Durante su debate en la Asamblea Nacional se expusieron razones para su aprobación, basadas en que permitirá el cambio de cultura de los usuarios del uso de motores de combustión a los eléctricos, derivando en la reducción de gases de efecto invernadero y menos dependencia del petrolero por sus los cambios abruptos en los precios del combustible.
