Frente al presupuesto estatal para la vigencia fiscal 2024, se hace un llamado al análisis estructurado, responsable y eficiente del recurso.
Por: Malema De León | [email protected]
El Gobierno Nacional anunció la designación de US$32,754 millones para la vigencia fiscal 2024 del Presupuesto General del Estado. De acuerdo con información oficial, éste “prioriza los proyectos sociales, la justicia y la educación”.
Posteriormente, a mediados de agosto pasado, fueron sustentados los recursos asignados para cada segmento ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En el caso del renglón educación, se destinó US$5,735.0 millones, “dando cumplimiento a la Ley No. 362 de 2 de febrero de 2023 que dispone asignarles recursos equivalentes al 7% del PIB”,
Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicaron que los recursos provienen fundamentalmente del Gobierno Central y detallaron su distribución. Por ejemplo, del reporte destaca el Ministerio de Educación, con una asignación de US$ 3,539.0 millones (62%); las universidades US$829.0 millones (14%), el Instituto Superior Técnico Especializado (ITSE) US$68.0 millones (1.2%); y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT) US$65 millones (1.1%).
De acuerdo con señalamientos del MEF; el presupuesto general estatal destina US$14,930 millones a Funcionamiento, US$11,976 millones a Inversiones y al Servicio de la Deuda US$ 5,948 millones, lo que representa US$ 32,754.0 millones. A la Organización Electoral se le asigna US$219.0 millones.
Al sector Justicia se le asignó un monto de B/. 693.0 millones, “la totalidad de los recursos solicitados”; y en materia de subsidios, US$1,800 millones, cifra menor que en el 2022 (US$2,300 millones), en vista que “ya no se necesitarán los apoyos como el vale digital, la bolsa de comida, y toda la política que se usó para apoyar a la ciudadanía” durante la pandemia”. No obstante, “se mantendrán los subsidios como 120 a los 65, Ángel Guardián, el gas licuado, la Red de Oportunidades, el subsidio preferencial a las viviendas, entre otros”, según el reporte oficial del MEF.
Desde el sector privado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) espera que este presupuesto “esté estructurado de manera que reduzca significativamente en el gasto de funcionamiento, incrementando el ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria como, reiteramos, la transformación educativa”.
En cuanto al área de la Justicia, el presidente de la CCIAP, Adolfo Fábrega, comentó que es alentador que se contemple el 100% del monto solicitado. “Dado el contexto actual de lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia en el país, es esencial que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público sean acordes con la importancia de sus funciones y los resultados esperados. La independencia, seguridad y calidad de la justicia son fundamentales para consolidar el Estado de Derecho, asegurar los derechos de todos los ciudadanos, y un ambiente de negocios robusto”, expresó.
La CCIAP se suma a las voces de otros sectores sociales y productivos del país que, tras conocer el desglose para la vigencia fiscal 2024, consideran que el Presupuesto General de Estado debe estar enfocado, efectivamente, “en una política fiscal responsable y eficiente que fomente la reducción del gasto de funcionamiento y priorice la inversión pública en áreas estratégicas como la Educación y la Justicia”, expresó Fábrega.
“La transparencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores son aspectos críticos para alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Un enfoque centrado en resultados y la optimización de los recursos serán clave para el progreso y bienestar de la nación”, acotó.
Otro punto crítico indicado por Fábrega es el cumplimiento de las obligaciones de cuentas por pagar a proveedores por parte del Estado, puesto que “la falta de agilidad en estos procesos afecta negativamente a cientos de empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que dedican recursos significativos para brindar bienes y servicios al Estado. Esta situación, marcada por la burocracia y las prolongadas demoras en los pagos, genera incertidumbre en el sector privado y afecta el desempeño empresarial como de la población en general”, agregó, al tiempo que destacó el desempeño eficiente a ejercer para el buen funcionamiento del presupuesto “por ser una de las principales herramientas de política pública con la que cuenta Panamá para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.
