Informe del BID revela que América Latina y el Caribe por qué es una región especialmente vulnerable a la pandemia causada por el coronavirus.
Por: Malema De León | [email protected]
Considerando las medidas tradicionales de ingresos y también indicadores como el rol de la geografía y de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó este año, La Crisis de la Desigualdad: América Latina y el Caribe en la Encrucijada, un análisis sin precedente de las causas profundas que explican el rezago de la región en distribuir más equitativamente los ingresos, el bienestar y las oportunidades.
Las profundas desigualdades se manifiestan en múltiples dimensiones, desde género y raza hasta accesos desiguales a servicios de educación y salud, según se describe en este documento, el cual también insta a efectuar reformas profundas con políticas públicas para reducir las brechas y salir de la pandemia con cimientos más sólidos que permitan generar un crecimiento futuro más inclusivo.
El informe expone que hay cierta heterogeneidad en la región: Brasil, Honduras y Panamá se encuentran entre los más desiguales, mientras que El Salvador, Uruguay y Argentina están entre los más igualitarios. Nicaragua y República Dominicana se encuentran cerca del medio de la distribución regional de la desigualdad. “El país promedio de América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre…”.
“Si no abordamos el reto de la desigualdad de manera multidimensional, la región continuará sufriendo de episodios de malestar social y seguirá siendo vulnerable a choques externos, como deja en evidencia la pandemia”, dijo Eric Parrado, economista jefe del BID.
“Los pobres se encuentran más vulnerables al cambio climático, reciben una peor educación y cuidado de salud y los programas gubernamentales para redistribuir los ingresos son menos efectivos en la región que en otras regiones. Como resultado, nuestras escuelas y ciudades están segregadas por ingresos en niveles que no se ven en otras partes”, añadió.
Duro golpe del COVID-19
El análisis establece que, históricamente, América Latina ha tenido dificultades para enfrentar crisis. En el pasado, cuando su Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 5% o más, el impacto en los salarios reales fue de un 10% en promedio y en algunos casos llega al 20%. “El desempleo ha subido y el número de empleos formales ha bajado. Por ello, el nivel de pobreza típicamente aumenta entre 3 y 5 puntos porcentuales, aún después de tomar en cuenta los programas de los gobiernos para amortiguar el impacto de las crisis económicas”.
De acuerdo con el informe, la crisis del COVID-19 tiene algunas características que la hacen especialmente regresiva en el corto y largo plazo. Inmediatamente después de que la pandemia golpeara la región, la mayoría de los gobiernos implementaron medidas estrictas para restringir la circulación de las personas fuera de sus hogares, lo que afectó desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos. De hecho, casi un 65% de las personas en el quintil de menores ingresos conocía a un familiar que había perdido su trabajo, mientras que en el quintil de personas más altos ingresos, esa cifra fue de solo el 22%.
El desafío, se indica, es asegurar que la recuperación beneficie a todos los ciudadanos para tener sociedades más inclusivas y resistentes a los choques económicos y climáticos, entre otros. Se añade que la región está muy rezagada frente a las economías desarrolladas, y que las sociedades en América Latina y el Caribe están especialmente segregadas por estatus socioeconómico.
Factores determinantes
El género y la raza son otros de factores que determinan la inequidad. Las mujeres ganan 87 centavos por cada dólar que gana un hombre. A pesar de los avances en igualdad de género, persisten normas culturales arraigadas que excluyen a las mujeres de los altos puestos gerenciales mientras trabajan en promedio tres veces más en los hogares que sus parejas. Ajustando por nivel de educación, los afrodescendientes ganan en promedio sueldos un 17% más bajos que el resto de la población, y la brecha salarial para las personas de origen indígena es del 27%.
La educación es otro factor que empeora la desigualdad. Las diferencias en la calidad de la educación explican una cuarta parte de la inequidad salarial para los trabajadores en América Latina y el Caribe. Si bien es cierto que los pobres tienen un mejor acceso a servicios de educación que antes, existe una importante separación de las escuelas por estatus social.
Hay seis estudiantes de hogares de altos ingresos compartiendo aula con cada alumno de bajos ingresos en América Latina, mientras que la proporción en Estados Unidos es de 3 a 1 y en Noruega es de 2 a 1.
Según el informe, una de las claves para corregir estas inequidades es introducir mejores políticas fiscales. Sin embargo, por medio de impuestos y gastos fiscales los gobiernos de América Latina disminuyen la desigualdad en menos de un 5% –mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea lo reducen en un 38%.
Este reporte llama a los gobiernos y otros actores sociales a generar un nuevo contrato social, y recomienda rediseñar los servicios sociales para hacerlos más inclusivos. “Para fortalecer el tejido social es necesaria una mayor protección para los pobres y las clases medias-bajas, mientras se mejoran los servicios públicos para traer a individuos de los hogares de mayores ingresos al espacio de servicios públicos compartidos”, se indica en este documento.
Situación de Panamá
En la región, Panamá se encuentra entre los países más desiguales. En julio pasado, el Gobierno Nacional presentó ante el Foro Político de Alto Nivel (Acción Acelerada y Vías de Transformación) de las Naciones Unidas, el II Informe Nacional Voluntario, Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Panamá: Libre de Pobreza y Desigualdad, La Sexta Frontera’’.
Entre otros aspectos, el mencionado informe presenta la agenda del Plan Estratégico de gobierno 2020-2024, el cual incluye un programa oficial que promoverá “la justicia social, la equidad y la inclusión social a través de servicios robustos que permitan que los proyectos generen ingresos y mejoren la calidad de vida de los barrios, comarcas y las áreas rurales”.
Otro aspecto que destacó el documento fueron cálculos del Índice Multidimensional de la Pobreza y del Índice Multidimensional de la Pobreza Infantil, así como del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel de corregimiento (IPM-C), que tiene la finalidad de identificar, a partir de la evidencia disponible, las principales carencias o privaciones no monetarias que ocurren de manera simultánea y afectan directamente las condiciones de vida de la población panameña.
“Estos instrumentos científicos permiten una mejor focalización geográfica de la pobreza en todas sus dimensiones, como complemento a las actuales mediciones de pobreza multidimensional y de ingreso, lo que definitivamente apoyará el desarrollo de intervenciones efectivas y sostenidas, que sirven de guía en el diseño e implementación de las políticas públicas”, señaló un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El informe del MIDES abarca las estrategias que el gobierno de Panamá ha trazado para frenar la pandemia del COVID-19, donde “la innovación, la inteligencia artificial y la tecnología han jugado un papel determinante”.
A juicio de la titular del MIDES, María Inés Castillo, existen muchos desafíos, entre estos, continuar con la desconcentración de las políticas públicas y las actividades mediante el diseño de una estructura de gobernanza que logre mayor articulación en las estrategias públicas, integrando los gobiernos locales y las comunidades al desarrollo socioeconómico del país; mejorar la disponibilidad de la data calidad/precisión, desagregar los indicadores a nivel geográfico por discapacidad, etnia, grupos minoritarios, grupos de edad, ya que en la actualidad existen limitaciones en los instrumentos de recolección de datos.
Destacó, además, “la necesidad de seguir alineados con la Agenda 2030, como una hoja de ruta que permitirá a Panamá desarrollar programas que permiten a la sociedad vivir en entornos más equitativos, donde todos tengamos las mismas oportunidades de crecimiento”.
