La seguridad y la protección de los datos, con su marco regulatorio, son parte esencial de la digitalización de los procesos, herramienta que fortalece la institucionalidad, el bienestar y la competitividad del país.
Por: Malema De León | [email protected]
Panamá presenta avances importantes en materia de transformación digital. Así se ha evidenciado, por ejemplo, en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico y también en el Índice de Participación Electrónica.
Según el documento “Hacia la transformación digital”, publicado por el Centro Nacional de Competitividad (CNC), en el caso del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI por sus siglas en inglés), que incorpora características de acceso como la infraestructura y los niveles educativos, para reflejar cómo un país está utilizando las tecnologías de la información para promover el acceso y la inclusión de su gente, Panamá obtuvo 0.6956 puntos en el año 2022, ocupando la posición No.82 entre 193, mejorando en puntaje y ganando dos posiciones con relación al 2020 (No.84). “Aunque aún está por debajo del promedio regional de América (de 0.6438 puntos), sí quedó por encima del promedio subregional de Centroamérica (de 0.5837)”, se detalló.
Tales logros también fueron abordados durante un encuentro entre el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, y la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), en la que explicó los proyectos y programas que se desarrollan mediante el programa gubernamental Panamá Digital con miras a hacer más eficientes los procesos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Panamá escaló 17 posiciones en el Índice de Participación Electrónica y dos en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico”, dijo Oliva en aquella oportunidad ante los directivos de la CCIAP, principal gremio empresarial del país que promueve en sus eventos y actividades el desarrollo de estrategias que contribuyan a agilizar los procesos para la reactivación económica y mejorar la productividad, así como la competitividad del país.
Sobre el tema, el presidente de la CCIAP, Adolfo Fábrega, se ha hecho eco de las expectativas que tiene el gremio en cuanto a la modernización del país, incluyendo una transformación digital que facilite, agilice, y haga más transparente los procesos con los cuales se busca ponderar la economía del país, los negocios, las inversiones tanto locales como extranjeras, y mejorar, por ende, la calidad de vida para la población.
Fábrega ha planteado desde la CCIAP que la mayoría de los empleos actuales van a cambiar y las empresas se tendrán que transformar, “y por esta razón la educación tiene por fuerza que reconvertirse, no podemos aspirar a ser un país de primer mundo si seguimos con los obstáculos y paradigmas que entorpecen su evolución”.
Tanto el CNC y la CCIAP reconocen como factor clave la educación para alcanzar los niveles de modernización tecnológica y digitalización que conlleven a mejorar todos los esquemas nacionales de competitividad y productividad de cara a los desafíos del entorno local, regional y global.
En el documento del CNC se hace mención de que, para lograr la transformación digital se requiere una visión holística, donde el ciudadano sea el centro, para lo que se debe crear “una institucionalidad y gobernanza que guie, impulse y coordine la transformación; establecer un marco normativo que brinde seguridad jurídica; diseñar la infraestructura y las herramientas que sienten las bases tecnológicas; promover el talento digital y crear nuevos procesos y servicios digitales”.
El CNC, considerando el aspecto de la seguridad en el sector público, refiere el documento Digitalizar los servicios públicos: oportunidades para América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022), en el cual se sugiere el priorizar los proyectos digitales y/o aplicaciones considerando su valor agregado, sus costos y beneficios; invertir en el desarrollo de aplicaciones digitales confiables. En éste se revisa la evidencia sobre las opciones de políticas disponibles en educación, salud, trámites públicos y gestión fiscal, ofreciendo análisis de costo-beneficio que permitirán a los gobiernos establecer prioridades en sus esfuerzos de digitalización.
Protección de datos – Norma regulatoria
Mediante Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021, fue reglamentada la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 Protección de Datos Personales, que establece principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la protección de datos personales en Panamá. La publicación en Gaceta Oficial de esta reglamentación ofrece a todos los sectores que manejan base de datos, las herramientas necesarias para que pongan en práctica los protocolos y procedimientos para el tratamiento de los datos y cumplimiento de la ley. El decreto incluye disposiciones generales, requisitos para recabar información, las funciones de la nueva figura del Oficial de Protección de Datos Personales y criterios para la aplicación de las sanciones, entre otros aspectos.
Esta ley representa un paso importante para darle al ciudadano el control sobre el uso de su información personal en manos de un tercero, ha comunicado la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), ente rector en la materia, que cuenta con la Dirección de Protección de Datos Personales, desde donde se da trámite a consultas y denuncias en esta materia.
El abogado Armando Lin Barsallo ha analizado el tema en un artículo de opinión, publicado en Revista Enlace Empresarial, edición 245, donde señala que, a pesar de que la Constitución Política de Panamá, en el artículo 42, establece el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, no es sino hasta 2019 cuando se promulga la Ley No.81.
“Están obligados a cumplir con esta ley las agencias de seguridad, las plataformas digitales que efectúen tratamiento o almacenamiento de datos personales, el administrador y la junta directiva que autoriza y que en última instancia recibe también los datos personales que captura el agente de seguridad en la garita o en la plataforma digital de acceso. Están obligados a cumplir con la Ley 81 de 2019 todas las empresas que se encarguen de tratar datos personales”, señaló en su colaboración para la revista.
Seguridad tecnológica, un caso de la banca
En junio de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) anunció que fortaleció sus funciones regulatorias con el uso de herramientas tecnológicas de última generación para mantenerse a la vanguardia acorde con la creciente digitalización de los procesos en las entidades financieras.
Aldo Ariel Ríos, director de Estrategia y Transformación de la SBP explicó que el apalancamiento tecnológico es parte del “corazón” del proceso de auditoría en vista de que esa función es de suma importancia para mantener el beneficio de la “estabilidad” del Centro Bancario de Panamá y, además, la protección de los consumidores de los productos financieros.
“La tecnología contribuye en eficiencia y productividad en todas las cosas que hacemos; es por eso, que hemos invertido importantes recursos en plataformas” especializadas, destacó Ríos. Por su parte, Miriam Ortega, gerente de Transformación, Calidad, Coordinación y Políticas de Supervisión de la SBP dijo que se están haciendo enormes inversiones para poder mejorar el proceso de supervisión, “con el fin de hacerlo más efectivo para responder a las entidades reguladas con mayor eficiencia”.
Durante el anuncio de la SBP, Julio R. Jolly Moore, socio director de la firma especializada Global Advisory Solutions (GLOADSO), indicó que la transformación digital en el área financiera implica grandes retos como la protección de datos, el combate contra el cibercrimen y agilización de los procesos de toma de decisiones, entre otros escenarios.
“El uso de la tecnología en campos como el bancario es en la actualidad un apoyo indispensable para lograr el cometido de fidelizar clientes cada vez más proclives a realizar todo tipo de trámites “on line” pero; además, resulta un aliado fundamental para la operación de las entidades financieras”, explicó
En la actividad se dio a conocer un estudio en el que participaron más de 140 ejecutivos de alto rango de 75 entidades bancarias provenientes de 20 países en Latinoamérica, publicado en la revista LATIMPYME, señalándose que “el 43% de los bancos se encuentra actualizando sus canales digitales, fundamentalmente poniendo el foco en el desarrollo de una nueva web más amigable o una app que favorezca la experiencia del usuarios”.
Respaldo, seguridad y protección de datos
La empresa de ciberseguridad y privacidad digital Kaspersky recomienda que tanto empresas como usuarios finales realicen respaldos de seguridad de manera frecuente para proteger sus datos. De acuerdo con sus informes, “menos de la mitad de los latinoamericanos se preocupa por realizar copias de seguridad de sus fotos y datos. De hecho, solo el 44% respalda la información en su PC, mientras que el mismo porcentaje de personas realiza back-up de la información en su móvil”. Desafortunadamente, afirman sus directivos, las personas y organizaciones corren el riesgo de perder datos importantes de forma permanente si no realizan copias de seguridad de sus archivos.
Para lograr una adecuada copia de seguridad, recomienda:
- Procure realizar un respaldo de manera periódica.
- Cifre y respalde todas sus copias de seguridad.
- Habilite copias de seguridad en dispositivos propios.
- Utilizar una solución de seguridad.
En otro de sus estudios se revela que la probabilidad de enfrentarse a un problema relacionado con la ciberseguridad aumenta a medida que la empresa crece. Mientras que solo el 8% de las organizaciones con entre 1 y 8 empleados afirmó haberse enfrentado a un incidente de seguridad de Tecnología de la Información (TI), este porcentaje aumentó hasta el 30% entre las empresas con más de 501 trabajadores.
Y es que, como dijoKonstantin Sapronov, jefe del Equipo Global de Respuesta a Emergencias de Kaspersky, “hoy en día, los incidentes de ciberseguridad pueden ocurrir a empresas de todos los tamaños y afectar significativamente a sus operaciones, rentabilidad y reputación“. Según sus apreciaciones, las medidas de protección básicas, accesibles incluso para pequeñas empresas, como una política de contraseñas sólida, actualizaciones periódicas y la sensibilización de los empleados en materia de seguridad, “si no se pasan por alto, pueden contribuir significativamente a la ciber-resiliencia de la empresa”.
