La comunidad internacional debate sobre los efectos de la corrupción y cómo combatirla, especialmente en épocas de crisis.
Por: Malema De León | mdeleon@panacamara.org
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas dedicó una sesión especial a la corrupción, a inicios de junio pasado, en la que se debatieron los retos y las medidas para prevenirla y combatirla. En ese contexto se calificó a este tipo de actos como “amenaza” a la estabilidad y la seguridad de las sociedades; que “socava” la confianza pública e institucional, poniendo en peligro el desarrollo sostenible; incluso, “distorsiona los mercados, ahoga el crecimiento económico y desvía fondos de los servicios públicos”.
La corrupción prospera en tiempos de crisis y la actual situación sanitaria por el COVID-19 no ha sido excepción. Este flagelo, según los planteamientos mencionados en dicho cónclave, tiene “un impacto desproporcionado en determinados grupos demográficos, en particular en las comunidades más pobres y en las personas más vulnerables”. De allí el llamado que arrojó esta sesión, a través de una declaratoria política para ayudar a los países a combatir el soborno, el blanqueo de dinero y el abuso de poder.
Con esta declaratoria en sesión especial de Naciones Unidas se reforzó la voluntad política de los gobiernos y la comunidad internacional |para avanzar en el combate a la corrupción, estableciendo un balance de esfuerzos, soluciones y compromisos en esta lucha.
Contrataciones transparentes
Un evento virtual titulado “Avanzando en la prevención de la corrupción a través de alianzas y sinergias en la contratación pública.”, se llevó a cabo en paralelo a la Sesión Especial contra la Corrupción de la Asamblea General de la ONU, con la participación de Estados Miembros y representantes de las Naciones Unidas, el sector público y privado, la academia, y la sociedad civil.
Informaron los organizadores, que esta actividad latinoamericana se efectuó con el objetivo de presentar acciones concretas y experiencias de esfuerzos conjuntos sobre el potencial para prevenir y combatir la corrupción mediante una contratación pública eficiente y transparente.
Durante esta jornada, los países latinoamericanos expusieron iniciativas nacionales para hacer frente y prevenir la corrupción, y presentaron experiencias de cómo se han implementado buenas prácticas de gestión pública justa y equitativa. A través de sus dependencias, el Gobierno de México, el Gobierno de Argentina y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), presentaron casos respectivos.
El canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que, a pesar de que México cuenta con muchas instituciones para garantizar la transparencia y el acceso a la información, no había voluntad de acabar con la corrupción y los monopolios que imperaban en diversas áreas del gobierno federal, marcadamente en el sistema de salud pública. Por ello, la colaboración con la UNOPS, a petición de la administración gubernamental mexicana, resulta esencial en esta materia. “El mayor riesgo a la democracia es la corrupción porque destruye la confianza en las instituciones y en la representación política, la desconfianza tiene ese origen principalmente”, aseguró.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Argentina, Gabriel Katopodis, en su alocución presentó las acciones que están implementando en su país para atender a dos ejes prioritarios: cerrar las brechas de infraestructura y lograr un fortalecimiento institucional que permita garantizar mayor eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos.
“Un gran reto es cómo garantizar que la obra pública sea contratada de manera transparente y cómo desarrollamos una gestión pública justa y equitativa para cumplir con este objetivo”, dijo, al tiempo que agregó que se llevan adelante procesos para garantizar una mayor eficiencia en la contratación y el control de las obras. “Tenemos la decisión política y una visión estratégica para seguir construyendo ciudades más igualitarias”, acotó.
En tanto, la secretaria general Adjunta de la ONU y directora ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo, destacó que se trabaja “con los gobiernos en una gestión pública justa para prevenir la corrupción, promover el uso sostenible de los recursos disponibles y garantizar servicios equitativos”.
Los expositores coincidieron que abordar la corrupción exige continuar los esfuerzos integrales y coordinados tanto a nivel nacional como regional, así como reforzar las alianzas y sinergias que se implementan en la contratación pública que han demostrado un aumento en la eficiencia, el valor sostenible y la transparencia en la gestión.
